Armando A. Valdés Prieto

El Vocero publica hoy, en la página 38 de la sección de Negocios, que la Oficina de Gerencia y Presupuseto está implantado un sistema de presupuesto base cero.  Más allá de ser un esquema de elaboración de presupuestos desacreditado y anacrónico, puede poner en precario los derechos adquiridos de los empleados públicos y las fórmulas presupuestarias que garantizan la autonomía fiscal de la Universidad de Puerto Rico y de la Rama Judicial. A continuación, reproducimos una columna del autor que fue publicada en el 2008 en El Vocero y en El Nuevo Día. 

Cada vez que el País enfrenta problemas fiscales complicados se plantea como solución novedosa el presupuesto base cero. Sin embargo, este esquema teórico, a la luz de un análisis desapasionado y profundo, no se sostiene.

Este método implica comenzar con una asignación de cero para todas las agencias gubernamentales o partidas de gasto incluidas en el presupuesto. De ahí, las agencias tendrían que justificar cada asignación, enfrentándose a la posibilidad de que ciertas agencias no reciban fondos y por tanto cesen funciones. La sencillez del esquema y su pureza teórica explican el porqué de su atractivo en el salón de clases como herramienta de discusión y en el discurso público como estandarte de aquellos que interesan proyectarse como agentes de reforma fiscal.

El presupuesto base cero fue desarrollado por un ejecutivo de Texas Instruments, Peter Pyhrr, en el 1970. Pyhrr publicó un artículo sobre este método, en el Harvard Business Review, que recibió mucha atención en círculos académicos y de política pública. Uno de los que se interesó fue el entonces poco conocido gobernador de un estado sureño, quien en algunos años sería presidente de Estados Unidos – Jimmy Carter. En efecto, fue el estado de Georgia uno de los primeros en adoptar este método en el sector público.

Sin embargo, ya para finales de los setenta, la academia había perdido su entusiasmo. Los profesores Leonard Merewitz y Stephen Sosnick, en un artículo publicado en el 1979 en el libro Contemporary Approaches to Public Budgeting, indicaron que este sistema no era aconsejable. Señalaron que nadie en realidad se planteaba reconsiderar anualmente la misma existencia de un sinnúmero de agencias, como Corrección, Educación y las universidades estatales. Esto sin entrar a lo que implicaría en Puerto Rico desatender mandatos estatutarios y constitucionales, como la provisión de una educación gratuita.

Otros académicos incluso señalaron que en la práctica nunca funcionó en el sector público. El Dr. Allen Schick, profesor de la Universidad de Maryland y académico asociado del Brookings Institution, indicó, ya para el 1978, que los presupuestos base cero requerían de un esfuerzo significativo y complicado, ya que la justificación anual del más mínimo detalle de la operación de cada agencia requería grandes cantidades de horas laborables, y que no existía evidencia de que afectara o mejorara en gran medida las decisiones presupuestarias. Con la salida de la presidencia de Jimmy Carter para el 1981, pierde relevancia y pujanza este método en Estados Unidos.

En Puerto Rico, desde comienzos de la década del ochenta, se habló de este método, que hoy se nos vende nuevamente como la solución mágica y vanguardista a nuestros problemas. Un folleto promocional de la OGP de esa época, que permanece en la biblioteca de dicha agencia, evidencia este hecho ya que señala que desde el año fiscal 1979-80, se había adoptado este mecanismo.

Pero el análisis más importante es el que contextualiza las propuestas extranjeras en el marco de referencia puertorriqueño. El 26% del presupuesto corresponde a asignaciones por fórmula, beneficios legislados para pensionados y agencias con autonomía fiscal. ¿Queremos como País deshacernos de las fórmulas de la UPR y de Tribunales – fórmulas que entronizan en nuestro sistema fiscal la autonomía universitaria y la independencia judicial como principios rectores? Un presupuesto base cero implicaría, de entrada, cero presupuesto para la Universidad, para Tribunales y para honrar los beneficios de nuestros pensionados. Y al no haber certeza de la permanencia de ninguna agencia, implicaría cero garantías de empleo y derechos adquiridos para los servidores públicos.

La permanencia en la discusión pública de esta propuesta trillada se debe a nuestro afán por la solución sencilla y rápida y resulta un verdadero anacronismo.